Pablo Bustamante y el contrato de casi 48 millones por paneles solares: las preguntas que deja su gestión en la SEBIEN
Un contrato por 47 millones 973 mil 388 pesos para instalar 937 sistemas fotovoltaicos en comunidades de Quintana Roo abre interrogantes sobre el costo promedio por kit, la transparencia del programa y la información pública disponible sobre sus beneficiarios.
Cancún.- Mientras Luis Pablo Bustamante Beltrán busca convertirse en presidente municipal de Benito Juárez, una de las contrataciones realizadas durante su gestión como titular de la Secretaría del Bienestar de Quintana Roo (SEBIEN) vuelve a llamar la atención.
Se trata del contrato SDB-DA-LPN8-2024, mediante el cual el Gobierno del Estado adjudicó 47 millones 973 mil 388.04 pesos a la empresa Energain de México S.A. de C.V. para el suministro e instalación de 937 sistemas fotovoltaicosdestinados a viviendas de distintos municipios del estado.
Aunque el objetivo del programa consiste en llevar energía eléctrica a familias de comunidades con rezago, diversos aspectos del contrato y de su ejecución generan preguntas que hasta ahora permanecen sin una respuesta pública clara.
¿Qué contempla el contrato?
De acuerdo con la documentación oficial, el contrato fue firmado por la Secretaría del Bienestar y contempla la instalación de sistemas fotovoltaicos en viviendas ubicadas en municipios como:
- Othón P. Blanco
- Bacalar
- Felipe Carrillo Puerto
- Playa del Carmen
- Benito Juárez
- Lázaro Cárdenas
El monto total asciende a 47 millones 973 mil 388 pesos, lo que representa un costo promedio cercano a 51 mil 199 pesos por cada sistema instalado.
El costo promedio por kit genera cuestionamientos
Al revisar distintas cotizaciones disponibles públicamente en plataformas comerciales, es posible encontrar sistemas fotovoltaicos con características similares comercializados por montos considerablemente menores al costo promedio registrado en este contrato.
Si bien las comparaciones comerciales no necesariamente consideran factores como instalación, logística o garantías específicas del programa gubernamental, la diferencia de precio resulta suficientemente amplia como para abrir un debate sobre el costo final pagado con recursos públicos.
Precisamente por ello, especialistas en adquisiciones públicas suelen señalar que este tipo de contratos requieren el mayor nivel de transparencia posible.
¿Quiénes recibieron los sistemas solares?
Uno de los principales cuestionamientos no gira únicamente en torno al precio.
También existe interés público por conocer quiénes fueron los beneficiarios del programa.
De acuerdo con información difundida por la propia Secretaría del Bienestar, los sistemas fueron distribuidos en distintas comunidades del estado.
Entre ellas destacan:
- Colonias y comunidades de Othón P. Blanco.
- Bacalar.
- Felipe Carrillo Puerto.
- Playa del Carmen.
- Lázaro Cárdenas.
- Benito Juárez.
Sin embargo, al momento de esta publicación no fue posible localizar un padrón público completo que permita verificar la identidad de los beneficiarios o las ubicaciones específicas donde fueron instalados los 937 sistemas contemplados en el contrato.
Transparencia y rendición de cuentas
La instalación de paneles solares en comunidades con rezago representa, en principio, una política pública orientada a mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas.
Precisamente por tratarse de recursos destinados a población en situación de vulnerabilidad, la transparencia en su ejecución adquiere una relevancia aún mayor.
Contar con información pública sobre los beneficiarios, las ubicaciones de instalación y los mecanismos de supervisión permitiría fortalecer la confianza ciudadana en programas financiados con recursos públicos.
Un tema que cobra relevancia rumbo a 2027
La revisión de este contrato adquiere una dimensión política debido a que Luis Pablo Bustamante Beltrán es uno de los perfiles que buscan participar en la contienda por la presidencia municipal de Benito Juárez.
En ese contexto, el análisis de las decisiones tomadas durante su paso por la Secretaría del Bienestar forma parte del escrutinio público que suele acompañar a quienes aspiran a un cargo de elección popular.
Más allá del debate político, el acceso a información verificable sobre el ejercicio de recursos públicos continúa siendo una de las principales herramientas para fortalecer la rendición de cuentas.
